5 de Octubre de 2009.- Las políticas nacionales en México respecto a los satélites de comunicación han respondido siempre a la coyuntura internacional, acompañadas con discursos políticos que en muchas ocasiones (y como en muchos otros temas de la política nacional) quedan en la retórica y dejan ver diferentes intenciones a las planteadas, o bien, una mala o inexistente planificación a largo plazo, lo que paralelamente ha provocado que México se encuentre atrasado en las aplicaciones de los satélites de comunicación.

Debido a esta reacción coyuntural, los proyectos mexicanos de investigación espacial encargados de promover las actividades y desarrollo tecnológico en esta materia, han carecido de apoyo económico y no se ha podido disminuir la dependencia con otros organismos debido al poco avance en las investigaciones y al nulo seguimiento de proyectos.

Aunque es cierto que en 1966 México empezó a crear la infraestructura necesaria para la emisión y recepción de señales satelitales, también se debe considerar que dichas acciones respondieron al ingresó de México a intelsat, además, se obtuvieron los derechos de transmisión de los XIX Juegos Olímpicos celebrados en México en 1968, por lo que en ese mismo año se inauguró la estación terrena Tulancingo I, dejando ver nuevamente la actitud reaccionaria del gobierno mexicano.

Foto Banco de Imágenes Web. Autor desconocido

No obstante todo lo anterior, hubo cierta planificación en este área al llevar a cabo un proyecto para colocar en órbita un sistema de satélites del Estado mexicano que se encargaría de las telecomunicaciones internas y con lo que, entre otras cosas, se daría solución a la saturación de la red de microondas. Este proyecto contempló la construcción de los primeros satélites de comunicaciones mexicanos, a saber: Morelos I y Morelos II, orbitados en junio y noviembre de 1985 respectivamente. Casi a la par de que el tiempo de vida del primer satélite terminaba, el Estado mandó a construir y a orbitar la segunda generación de satélites: Solidaridad I (noviembre de 1993) y Solidaridad II (octubre de 1994).

Lamentablemente, todas estas acciones quedaron estancadas y en lugar de seguir con el desarrollo nacional en materia espacial, éste se dejó en el olvido y el sector privado (sobre todo extranjero) comenzó a ganar terreno en la implementación de telecomunicaciones satelitales, ayudado por el cambio en el marco jurídico mexicano que permitió concesiones en comunicación satelital al capital privado. En este sentido, se pueden observar dos momentos: el primero en donde se establece un control estatal en las telecomunicaciones vía satélite y el segundo, cuando se liberaliza este sector.

Apoyando la afirmación de la reacción coyuntural, este segundo momento en México responde al proceso de liberalización, apertura y adelgazamiento del Estado que se venía gestando a nivel internacional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), seguido por el de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 – 2000). Las telecomunicaciones satelitales fueron uno de estos sectores por representar un gran egreso al Estado, cambiándose en 1995 el artículo 28, párrafo cuarto (aún vigente) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta modificación, aunque las telecomunicaciones satelitales siguen siendo área estratégica del Estado, ya no son exclusivas de éste y se permite la concesión y participación directa de consorcios extranjeros como Intelsat Ltd. y Comsat, quitándole mercado a empresas con capital mexicano como Satmex en donde incluso el Gobierno Federal tenía inversiones. Además, las aplicaciones satelitales dejarían de beneficiar a los sectores de la población que más necesitaban de la comunicación para fines de desarrollo social, pasando a manos de empresas como Televisa que comercializaría estos servicios.

Desde entonces, la situación de las telecomunicaciones satelitales en México no ha mejorado; por el contrario, se ha caído en una dependencia cada vez mayor para la adquisición de servicios satelitales y no se ha invertido en proyectos a largo plazo que tengan como fin el desarrollo de tecnología propia, que permita dejar en manos mexicanas información que actualmente pasa por satélites extranjeros y que puede ser vital para la seguridad nacional, así como utilizar la comunicación satelital en la promoción al desarrollo en zonas específicas del país.

Debido a la falta de independencia en el sector espacial, México ha perdido oportunidades importantes como la de poner un satélite en la posición orbital 109.2 grados oeste que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit) le otorgó al país y que está dispuesta para brindar servicios de dth, televisión de alta definición, comunicación privada intracorporativa, servicios móviles y servicios fijos de alta densidad. Es importante mencionar que se perdieron estos derechos ya que la empresa QuetzSat (única que entró a la licitación pública) no pudo garantizar la puesta en órbita de un satélite para la fecha límite estipulada (5 de marzo de 2008), lo cual implica que si México requiere de los servicios antes mencionados, deberá obtenerlos de empresas privadas u otros intermediarios gubernamentales, sin mencionar que tendrá que pasar a los últimos lugares de la lista para que la UIT le vuelva a asignar otra órbita.

A pesar del mal panorama, se vislumbra uno mejor si se toman las decisiones oportunas, pues el gobierno mexicano comenzó a tomar acciones sobre el atraso tecnológico que presenta el país en el rubro espacial proponiendo en 2005 la creación de una entidad que se encargue de las investigaciones y desarrollo en esta materia. Fue hasta noviembre de 2008 que la Cámara de Senadores aprobó la creación de la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), con la que se intenta dar a México una relativa dependencia y aumentar la competitividad en el área espacial, incluidas las telecomunicaciones satelitales. No obstante las buenas intenciones, el proceso burocrático es muy largo y todavía no existe alguna fecha aproximada en la que se vea a AEXA funcionando plenamente; mientras tanto, las políticas espaciales seguirán en estado de espera hasta que algún hecho internacional haga reaccionar nuevamente a los legisladores mexicanos para apresurar el trámite y darle pronta salida a la construcción de esta estratégica agencia.

*Arim Joel Sánchez Espinosa es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Centro de Estudios Europeos de la misma facultad.